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LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA AMBIENTAL Y LA EFICACIA DEL
CUMPLIMIENTO NORMATIVO: EL CASO DE LOS FRIGORÍFICOS DE TABLADA
ENVIRONMENTAL CITIZEN PARTICIPATION AND THE EFFECTIVENESS OF REGULATORY
COMPLIANCE: THE CASE OF THE TABLADA SLAUGHTERHOUSES
MARÍA JOSÉ ORUÉ FRANCO
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UNIVERSIDAD DE LA INTEGRACIÓN DE LAS AMÉRICAS
1
Magíster en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe por la Universidad
Nacional de San Martín – Centro Internacional de Estudios Políticos (CIEP -UNSAM), Argentina. Abogada y
Notaria por la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. Encargada del área de investigaciones, docente de
las cátedras de Derecho Agrario y Derecho Ambiental en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad de la Integración de las Américas (FCJyS - UNIDA), Paraguay. Correo: mjorue19@gmail.com.
ORCID: https://orcid.org/0009-0002-4803-0156
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Nota ética de la autora: el presente trabajo ha sido realizado con uso responsable de herramientas de
inteligencia artificial aplicados en la enseñanza.
REVISTA DYDH. AÑO. 01. NO. 01
ORÚE FRANCO / PP. 1-11
Fecha de recibido: 02 de diciembre de 2025
Fecha de aprobación: 20 de enero de 2026
RESUMEN
El presente artículo analiza la relación entre la
participación ciudadana ambiental y la eficacia del
cumplimiento normativo en Paraguay, tomando como
caso de estudio los frigoríficos de Tablada, Asunción. Se
aborda la problemática desde la perspectiva de derechos
humanos, considerando la normativa nacional y los
estándares internacionales. El artículo examina la
intervención comunitaria, los desafíos institucionales y la
transparencia en la gestión ambiental, destacándose cómo
la participación de la ciudadanía influye en la fiscalización
y cumplimiento de las normas ambientales, y a su vez
señalar las limitaciones derivadas de la escasa información
pública y capacidades estatales.
PALABRAS CLAVE
Cumplimiento normativo, derechos humanos,
frigoríficos, Paraguay, participación ciudadana, Tablada
.
REVISTA DYDH |
Revista de Derechos Humanos
Universidad Autónoma de Nuevo León
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA AMBIENTAL Y LA EFICACIA DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO: EL CASO DE
LOS FRIGORÍFICOS DE TABLADA
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REVISTA DYDH| Año. 01 No. 01, Julio-diciembre 2026 | ISSN en trámite
CITACIÓN ACADÉMICA SUGERIDA: Orué Franco, M. J. (2026). La participación ciudadana
ambiental y la eficacia del cumplimiento normativo: El caso de los frigoríficos de Tablada. Revista
DyDH, 1(1), 1–11.
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ABSTRACT
This article analyzes the relationship between environmental citizen
participation and the effectiveness of regulatory compliance in
Paraguay, using the slaughterhouses of Tablada, Asunción, as a case
study. The issue is examined from a human rights perspective,
considering both domestic legislation and international standards. The
article explores community involvement, institutional challenges, and
transparency in environmental governance, highlighting how citizen
participation influences the monitoring and enforcement of
environmental regulations. It also identifies the limitations arising from
limited public access to information and insufficient state capacity,
which hinder effective environmental oversight and the full
implementation of the applicable legal framework.
KEY WORDS
Citizen participation, human rights, Paraguay, regulatory compliance,
slaughterhouses, Tablada.
RESUMO
O presente artigo analisa a relação entre a participação cidadã ambiental
e a eficácia do cumprimento normativo no Paraguai, tendo como
estudo de caso os frigoríficos da Tablada, em Assunção. A
problemática é abordada sob a perspectiva dos direitos humanos,
considerando a legislação nacional e os padrões internacionais. O artigo
examina a participação da comunidade, os desafios institucionais e a
transparência na gestão ambiental, destacando como a participação
cidadã influencia a fiscalização e o cumprimento das normas
ambientais. Além disso, identifica as limitações decorrentes do acesso
restrito à informação pública e da insuficiente capacidade estatal,
fatores que dificultam a fiscalização ambiental efetiva e a plena
implementação do marco normativo aplicável.
PALAVRAS-CHAVE
Cumprimento normativo, direitos humanos, frigoríficos, Paraguai,
participação cidadã, Tablada.
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA AMBIENTAL Y LA EFICACIA DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO: EL CASO DE
LOS FRIGORÍFICOS DE TABLADA
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SUMARIO
1. INTRODUCCIÓN. 2. DESARROLLO. 2.1. MARCO CONCEPTUAL Y NORMATIVO. 2.2.
CONTEXTO PARAGUAYO Y EL CASO DE LOS FRIGORÍFICOS DE LA TABLADA. 2.3.
EFICACIA DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y EL PAPEL DE LA CIUDADANÍA. 3.
CONCLUSIONES. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
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1. INTRODUCCIÓN
Paraguay es un país caracterizado por una combinación dinámica entre actividades
agropecuarias, industrias asociadas y centros urbanos en expansión.
Dentro de este escenario, la gestión ambiental enfrenta desafíos estructurales
relacionados con la fiscalización, la transparencia y la protección de derechos fundamentales.
Uno de los casos que refleja estas tensiones es el conflicto socio ambiental vinculado con los
frigoríficos ubicados en la zona conocida como “Tablada”, un sector tradicionalmente
dedicado a actividades cárnicas en el área metropolitana de Asunción, ciudad Capital. Este
territorio combina usos residenciales e industriales en un espacio reducido, lo que genera
frecuentes disputas entre la comunidad y las empresas que operan allí.
Las principales problemáticas identificadas en Tablada se relacionan con olores
intensos, emisiones atmosféricas, posibles descargas de efluentes y otros factores que inciden
no solo en la calidad ambiental, sino también desde la calidad de vida en espacios salubres.
A lo largo del tiempo, estos efectos han motivado denuncias ciudadanas, intervenciones
administrativas y debates públicos sobre la insuficiencia de los mecanismos de control
ambiental.
Si bien la industria cárnica representa un sector económico muy relevante para el
Paraguay, su funcionamiento en zonas urbanas densamente pobladas ha puesto en evidencia
limitaciones institucionales para prevenir riesgos y asegurar condiciones adecuadas de vida.
El marco constitucional paraguayo reconoce el derecho a un ambiente saludable y
establece responsabilidades estatales para su protección. A esto se suman normas específicas
sobre evaluación de impacto ambiental, regulación de actividades industriales y mecanismos
de participación ciudadana. Sin embargo, la efectividad de estos instrumentos depende de su
implementación y del grado de involucramiento de la población en los procesos de vigilancia,
denuncia y exigibilidad. El caso de Tablada permite observar cómo la participación
comunitaria influye en la activación de procedimientos administrativos y en la supervisión
institucional del cumplimiento normativo.
En el plano internacional, si bien Paraguay es signatario del Acuerdo de Escazú,
tratado regional orientado a fortalecer el acceso a la información, la participación y la justicia
en asuntos ambientales, hasta la fecha, el Estado Paraguayo aún no lo ha ratificado, en
consecuencia, dicho instrumento no genera obligaciones legales vinculantes dentro del
ordenamiento interno. Esta situación convierte al Acuerdo de Escazú en un punto de
referencia conceptual, pero no operativo, para el análisis del caso. Por este motivo, la
atención del presente estudio se centra en el marco legal nacional vigente y en su capacidad
para garantizar la protección de los derechos humanos relacionados con el ambiente.
El propósito del artículo es examinar la relación entre participación ciudadana y
eficacia del cumplimiento normativo en el caso de los frigoríficos de Tablada, analizando
cómo las acciones de la comunidad pueden incidir en la supervisión estatal y en la defensa
del derecho a un ambiente sano. El estudio adopta una metodología basada en revisión
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documental, análisis jurídico y reconstrucción de antecedentes públicos vinculados con el
conflicto, con el fin de contrastar el diseño institucional con la práctica cotidiana.
El texto se estructura en dos grandes secciones. La primera desarrolla conceptos
fundamentales del derecho ambiental y su vinculación con los derechos humanos, poniendo
énfasis en la participación pública como herramienta de control social. La segunda examina
el caso de Tablada, evaluando el comportamiento institucional, la actuación comunitaria y
los factores que condicionan el cumplimiento de la normativa ambiental. Finalmente, se
presentan conclusiones orientadas a identificar mejoras posibles en los mecanismos de
protección ambiental y en los espacios de participación ciudadana en Paraguay.
2. DESARROLLO
2.1. MARCO CONCEPTUAL Y NORMATIVO
2.1.1. EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO COMO DERECHO HUMANO
El derecho a un ambiente sano forma parte del conjunto de derechos humanos
reconocidos en la mayor parte de los sistemas constitucionales contemporáneos. Este
derecho se fundamenta en la idea de que la calidad ambiental es un presupuesto para el
ejercicio de otros derechos, tales como la salud, la vida digna y la integridad personal.
En Paraguay, la Constitución de 1992, en su artículo 6 no solo reconoce que el Estado
fomentará la investigación sobre los factores de la población y sus vínculos con el desarrollo
económico social, la preservación ambiental y la calidad de vida, sino que también incorpora
el principio del derecho a un ambienta saludable, en su artículo 7, al establecer que “toda
persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado”,
otorgando al Estado la obligación de promover políticas que aseguren la protección
ambiental (Constitución Nacional de la República del Paraguay, 1992).
Diversos organismos internacionales han respaldado la consideración del ambiente
sano como parte integral de los derechos humanos. Desde la perspectiva regional, el
Protocolo de San Salvador en su artículo 11 sentó una base importante en este derecho, así
pues, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en su Opinión Consultiva
OC-23/17, indicó que el ambiente sano posee una dimensión autónoma que no depende
únicamente de su vinculación con otros derechos, sino que constituye un derecho
fundamental en sí mismo (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2017). Esta
interpretación resulta particularmente relevante para contextos donde las actividades
industriales generan riesgos directos para la población, como ocurre en el caso de los
frigoríficos localizados en Tablada.
2.1.2. DEMOCRACIA AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La participación ciudadana es un componente esencial en la operatividad de los
derechos de acceso o procedimentales que reflejan el ejercicio de la democracia ambiental.
Permite que la población acceda a información oportuna, intervenga en procesos de toma de
decisiones y active mecanismos de control social. En Paraguay, la Constitución reconoce la
participación ciudadana en asuntos de interés colectivo mediante los artículos 38 y 40, que
garantizan el derecho de las personas a intervenir en asuntos públicos y a la petición ante
autoridades.
En materia ambiental, la Ley Nº 294/93 sobre Evaluación de Impacto Ambiental y
su Decreto Reglamentario N° 453/13 exige poner a disposición del público procesos de
información y consulta en los casos de actividades de riesgo ambiental. Estas disposiciones
contemplan que los proyectos industriales susceptibles de generar impactos deben someterse
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a evaluación previa, cuyo procedimiento debe incluir la presentación pública de documentos
relevantes y la posibilidad de que los ciudadanos ejerzan observaciones. Aunque la
reglamentación ha tenido variaciones, el principio de participación permanece como uno de
los ejes del sistema de evaluación ambiental.
El contexto regional también aporta lineamientos importantes. En 2018, Paraguay
firmó el Acuerdo de Escazú, primer tratado de América Latina y el Caribe centrado en el
acceso a la información, la participación y la justicia ambiental. Sin embargo, el Estado
paraguayo no ha ratificado este instrumento, por lo que carece de efectos jurídicos
vinculantes dentro del ordenamiento nacional (CEPAL, 2023). Aun así, Escazú funciona
como un referente conceptual que permite comparar los niveles de exigencia participativa a
los que podrían aspirar los sistemas nacionales.
2.1.3. MARCO INSTITUCIONAL AMBIENTAL EN PARAGUAY
El sistema ambiental paraguayo está organizado a partir de la Ley Nº 1561/00, que
crea no solo el Sistema Nacional del Ambiente (SISNAM), sino también el Consejo Nacional
del Ambiente (CONAM) y establece las competencias de la entonces Secretaría del Ambiente
(SEAM), hoy Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES). Esta ley asigna al
órgano ambiental la función de formular, coordinar y ejecutar la política ambiental, así como
fiscalizar y sancionar actividades que incumplan la normativa (Congreso de la Nación
Paraguaya, 2000).
La Ley Nº 1561/00 también articula la actuación de entidades como los gobiernos
municipales, responsables de otorgar habilitaciones comerciales y controlar aspectos de
salubridad urbana, y del Ministerio de Salud, encargado de intervenir en situaciones de riesgo
sanitario. Esta estructura refleja un modelo compartido de gestión que requiere coordinación
interinstitucional, elemento que frecuentemente constituye un desafío para la eficacia del
cumplimiento normativo.
Otras disposiciones complementarias fortalecen el marco regulatorio, como la Ley
Nº 3001/06 de “Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales”, que reconoce la
función ecológica de los recursos naturales; y el Código Sanitario creado por Ley N° 836/80,
que otorga atribuciones a la autoridad sanitaria para intervenir en situaciones que afecten la
salud pública. Estos instrumentos permiten abordar problemáticas como olores, emisiones y
residuos, frecuentes en actividades industriales de procesamiento cárnico.
2.1.4. CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
El cumplimiento efectivo de la normativa ambiental requiere contar con mecanismos
de fiscalización, sanción y seguimiento adecuados. En Paraguay, el MADES, órgano
ambiental principal posee facultades para realizar inspecciones, imponer medidas correctivas
y aplicar sanciones administrativas. No obstante, investigaciones académicas y observaciones
de organismos civiles han señalado limitaciones persistentes en materia de recursos técnicos,
transparencia, procedimientos estandarizados y coordinación institucional (Haurón, 2020).
El incumplimiento ambiental tiende a manifestarse de manera más marcada en
sectores donde los costos de adecuación industrial son elevados y donde existen presiones
económicas significativas, como el sector cárnico. En este sentido, la participación ciudadana
se convierte en un elemento determinante: las denuncias de vecinos, organizaciones
comunitarias y medios de comunicación han sido históricamente un motor para activar
procesos de fiscalización en casos como el de Tablada.
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2.2. CONTEXTO PARAGUAYO Y EL CASO DE LOS FRIGORÍFICOS DE
LA TABLADA
El área conocida como Tablada Nueva, ubicada en la franja costera de Asunción a
orillas del río Paraguay, constituye uno de los espacios urbanos donde convergen
asentamientos de alta densidad poblacional y actividades industriales con impacto ambiental
significativo. Este entorno presenta una combinación de vulnerabilidad social, infraestructura
limitada y presión sobre los recursos hídricos, factores que incrementan la exposición de la
población a riesgos derivados de prácticas industriales inadecuadas.
Diversos estudios locales han señalado que la contaminación de cursos de agua y la
proliferación de olores se encuentran entre las principales fuentes de conflicto socio
ambiental en la zona (El Surtidor, 2025).
2.2.1. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA Y SU SITUACIÓN SOCIOAMBIENTAL
La Tablada está situada en un espacio ribereño histórico, utilizado durante décadas
para actividades portuarias, frigoríficas y mataderos municipales. Con el crecimiento urbano
de Asunción, muchas de estas industrias quedaron insertas en zonas residenciales de bajos
ingresos. La Municipalidad de Asunción ha categorizado este territorio como un área de
necesidad de intervención en saneamiento básico, debido a deficiencias en el manejo de
residuos, la escasa cobertura de alcantarillado y la contaminación crónica del cauce del Arroyo
Mburicaó, uno de los receptores naturales de los efluentes industriales (Municipalidad de
Asunción, 2021).
La fragilidad socio ambiental se intensifica por la limitada capacidad de control
institucional. Informes de la Contraloría General de la República han evidenciado falencias
en los registros, auditorías y seguimientos sobre industrias potencialmente contaminantes
instaladas en la capital, incluidas las plantas frigoríficas de la zona ribereña (Contraloría
General de la República, 2018). Esta situación genera una brecha entre el marco normativo
ambiental y su aplicación efectiva.
2.2.2. ACTIVIDADES FRIGORÍFICAS Y SUS EFECTOS SOCIO AMBIENTALES
Los frigoríficos constituyen una de las actividades con mayores desafíos de
cumplimiento ambiental, debido a la producción de aguas residuales con elevada carga
orgánica y a la generación de residuos sólidos de origen biológico. La Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha documentado que los
mataderos y frigoríficos requieren sistemas de pretratamiento y plantas de efluentes robustas
para evitar descargas contaminantes en cuerpos hídricos urbanos (FAO, 2017). Cuando estos
sistemas no se implementan adecuadamente, los impactos incluyen disminución del oxígeno
disuelto, proliferación de algas, olores ofensivos y afectación de la fauna acuática.
En el caso paraguayo, investigaciones independientes y reportes periodísticos han
registrado reiteradas denuncias de vecinos por la descarga irregular de efluentes en la ribera
asuncena, atribuibles a establecimientos frigoríficos que operan en la zona de la Tablada.
Estas denuncias se han dirigido tanto al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible
(MADES) como a la Municipalidad de Asunción, solicitando controles más estrictos y acceso
público a las informaciones técnicas de las plantas (El Surti, 2025).
2.2.3. CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y LÍMITES DEL CONTROL ESTATAL
La normativa ambiental paraguaya establece obligaciones precisas para este tipo de
industrias, tales como la obtención de licencias ambientales, la presentación de informes de
cumplimiento y la realización de auditorías periódicas. Sin embargo, informes del MADES
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confirman que las capacidades institucionales en materia de fiscalización siguen siendo
limitadas, especialmente en lo referente al monitoreo continuo de efluentes y al seguimiento
de medidas correctivas impuestas a industrias reincidentes (Ministerio del Ambiente y
Desarrollo Sostenible, 2022).
La ausencia de un sistema integrado de información sobre licencias, infracciones y
sanciones dificulta la vigilancia pública. Aunque la Ley N° 5.282/14 de Acceso a la
Información otorga herramientas para solicitar datos, la obtención de información técnica
oportuna depende de factores como la disponibilidad de archivos actualizados y la voluntad
administrativa de divulgarlos.
2.2.4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA FRENTE A LA PROBLEMÁTICA
En estos escenarios, la participación ciudadana ha surgido como uno de los
mecanismos más relevantes para visibilizar problemas ambientales persistentes.
Organizaciones barriales, colectivos de jóvenes y entidades académicas han impulsado
campañas de monitoreo participativo de la calidad del agua, observación de olores y
documentación de vertidos en la ribera. Estas prácticas buscan suplir la falta de controles
sistemáticos y aportar evidencia para exigir acciones correctivas.
Experiencias similares en otros países de América Latina demuestran que el
involucramiento comunitario y la presión social aumentan la probabilidad de que las
industrias adopten medidas de adecuación ambiental y cumplan con los estándares
regulatorios (Bebbington et al., 2018). En Paraguay, aunque este efecto también se constata,
la persistencia de denuncias recurrentes muestra que la participación ciudadana aún depende
de estructuras institucionales más sólidas para tener impacto sostenido.
2.2.5. PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS DEL CASO TABLADA
Los principales conflictos ambientales identificados por los residentes incluyen:
- Descarga de efluentes de origen cárnico hacia la ribera y el Arroyo Mburicaó.
- Olores provenientes de plantas de tratamiento insuficientes o mal operadas.
- Manejo deficiente de residuos sólidos, con presencia de restos animales en áreas
adyacentes.
- Falta de información pública sobre auditorías, permisos y sanciones.
- Riesgos sanitarios para la población infantil y adultos mayores expuestos a
contaminación crónica.
Los reclamos ciudadanos se han dirigido hacia la necesidad de mayor transparencia
en los controles y de espacios formales de participación en evaluaciones, renovaciones de
licencias y procesos sancionatorios. Este escenario evidencia que la eficacia del cumplimiento
normativo no depende únicamente de la legislación, sino de la interacción entre instituciones,
empresas y ciudadanía.
2.3. EFICACIA DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y EL PAPEL DE LA
CIUDADANÍA
La eficacia del cumplimiento normativo ambiental depende de la capacidad del
Estado para fiscalizar, sancionar y exigir la corrección de irregularidades, así como del
involucramiento activo de la ciudadanía en los procesos de denuncia, monitoreo y vigilancia
social. En contextos donde la capacidad institucional es limitada, la intervención comunitaria
se vuelve un componente esencial para reducir la impunidad frente a infracciones
ambientales y para activar mecanismos de control que no se generan de oficio.
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2.3.1. LA EFICACIA NORMATIVA COMO RESULTADO DE CAPACIDADES
INSTITUCIONALES Y PRESIÓN SOCIAL
Diversos estudios de gobernanza ambiental concluyen que el cumplimiento
regulatorio aumenta cuando coexisten sanciones ciertas y mecanismos de escrutinio público
(Gunningham, Kagan & Thornton, 2005). En Paraguay, la estructura jurídica contempla
instrumentos como la Evaluación de Impacto Ambiental, las auditorías y los informes de
desempeño ambiental. Sin embargo, informes del propio MADES muestran que la
recurrencia de infracciones en establecimientos frigoríficos se relaciona con la falta de
monitoreo continuo de efluentes, demoras en los procesos administrativos sancionatorios y
dificultades para verificar la implementación de medidas correctivas (Ministerio del Ambiente
y Desarrollo Sostenible, 2022).
La eficacia del sistema sancionatorio también se ve afectada por la ausencia de un
registro público consolidado de licencias, infracciones, multas e historial de reincidencia. Esta
falta de transparencia limita la capacidad de terceros para evaluar si una empresa cumple de
manera consistente con la normativa.
2.3.2. FACTORES QUE DEBILITAN EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN INDUSTRIAS DE
ALTO IMPACTO
En el caso de los frigoríficos ubicados en la franja de la Tablada, tres factores
estructurales afectan de manera directa la eficacia normativa:
- Baja frecuencia de fiscalizaciones in situ. El número de inspectores ambientales es
reducido en comparación con la cantidad de industrias sujetas a control, fenómeno
documentado por la Contraloría General de la República (2018).
- Limitado acceso técnico a información ambiental. Aunque la Ley de Acceso a la
Información Pública obliga a las instituciones a brindar datos sobre permisos y
sanciones, informes de organizaciones civiles demuestran que parte de esta
información no se encuentra sistematizada o actualizada, lo que dificulta su uso por
parte de la ciudadanía (Instituto de Derecho y Economía Ambiental, 2021).
- Procesos sancionatorios prolongados. La ausencia de plazos perentorios para
resolver recursos y la falta de personal especializado generan expedientes que se
prolongan por años, debilitando el carácter disuasivo de las sanciones.
2.3.3. APORTES DE LA CIUDADANÍA AL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO
La participación ciudadana se ha convertido en un instrumento crítico para
compensar las brechas institucionales. En América Latina, experiencias documentadas
muestran que la vigilancia comunitaria, la denuncia pública y los monitoreos participativos
pueden aumentar significativamente el nivel de cumplimiento ambiental de las industrias
(Bebbington et al., 2018).
En Tablada, grupos de vecinos han registrado episodios de vertidos irregulares,
olores intensos y cambios en la calidad del agua, generando reportes fotográficos y
audiovisuales que posteriormente son remitidos al MADES y a la Municipalidad de
Asunción. Este tipo de evidencia ha permitido iniciar procedimientos administrativos e
incluso motivar intervenciones judiciales en casos de riesgo sanitario (El Surti, 2025).
El uso de tecnologías accesibles —grabaciones, mediciones básicas de calidad de
agua, monitoreo georreferenciado— ha fortalecido la capacidad de las comunidades para
documentar afectaciones que antes quedaban invisibilizadas. Estos mecanismos se alinean
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con las tendencias internacionales que promueven la “ciencia ciudadana” como
complemento a la fiscalización estatal (Haklay et al., 2021).
2.3.4. CIUDADANÍA, GOBERNANZA Y LEGITIMIDAD DEL SISTEMA AMBIENTAL
La legitimidad del sistema regulatorio depende no solo de la existencia de normas
estrictas, sino también de la percepción pública sobre su cumplimiento. Cuando la población
observa que industrias de alto impacto operan sin controles efectivos, la confianza
institucional disminuye y aumenta la conflictividad socio ambiental.
En contextos como el de la zona de Tablada, donde la población es directamente
afectada por la contaminación, la participación se transforma en una vía para exigir que las
autoridades actualicen información, realicen inspecciones y justifiquen las decisiones
adoptadas. La literatura en derechos humanos destaca que la participación significativa es un
mecanismo de corrección democrática indispensable en situaciones de desigualdad ambiental
(Knox & Pejan, 2018).
2.3.5. LÍMITES Y DESAFÍOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Aunque la acción ciudadana aporta a la mejora del cumplimiento normativo, enfrenta
obstáculos estructurales:
- Asimetría técnica: la población no siempre cuenta con conocimientos especializados
para interpretar informes técnicos o detectar irregularidades complejas.
- Falta de protección frente a represalias: aunque el Acuerdo de Escazú incluye
estándares para defensores ambientales, su ausencia de ratificación en Paraguay deja
un vacío de garantías específicas.
- Escasa institucionalización de mecanismos de participación: muchos procesos no
contemplan espacios formales de diálogo entre instituciones, empresas y
comunidades.
Fortalecer estos elementos resulta esencial para que la participación ciudadana incida
no solo en la visibilización de problemas, sino también en la formulación de soluciones y en
la consolidación de una gobernanza ambiental efectiva.
3. CONCLUSIONES
El análisis de la participación ciudadana ambiental y la eficacia del cumplimiento
normativo en Paraguay, tomando como referencia el caso de los frigoríficos de Tablada,
permite extraer conclusiones relevantes desde la perspectiva de derechos humanos y
gobernanza ambiental.
- Derechos humanos y ambiente: La Constitución paraguaya reconoce el derecho a un
ambiente sano como parte del marco de derechos fundamentales, y los instrumentos
internacionales —aunque no todos ratificados por Paraguay, como el Acuerdo de
Escazú— establecen estándares para la protección ambiental y la participación
ciudadana (United Nations, 2022; Inter-American Court of Human Rights, 2017).
Este marco conceptual indica que la protección ambiental es inseparable de la
garantía de derechos como la salud y la vida digna.
- Desafíos en la eficacia del cumplimiento normativo: La regulación ambiental
paraguaya contempla obligaciones precisas para industrias de alto impacto,
incluyendo la evaluación de impacto ambiental, auditorías y medidas correctivas. Sin
embargo, las inspecciones limitadas, la falta de registros públicos consolidados y la
prolongación de procesos sancionatorios reducen la eficacia del cumplimiento
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(Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2022; Contraloría General de la
República, 2018). En el caso de los frigoríficos de Tablada, estas debilidades
estructurales permiten que problemas ambientales persistentes —como olores,
vertidos y residuos sólidos— no sean corregidos de manera sostenida.
- Participación ciudadana como mecanismo de control: La ciudadanía ha
desempeñado un rol central en visibilizar afectaciones y generar evidencia sobre
impactos ambientales, ejerciendo presión sobre las instituciones y complementando
la acción fiscalizadora del Estado (Bebbington et al., 2018; Haklay et al., 2021). Las
iniciativas de monitoreo participativo y denuncia comunitaria evidencian la
importancia de la ciencia ciudadana y la transparencia para mejorar la gobernanza
ambiental.
- Limitaciones informativas y necesidad de transparencia: La dificultad de acceder a
información clara y sistematizada sobre permisos, infracciones y sanciones revela un
déficit en la transparencia institucional. Esta ausencia limita la capacidad de la
ciudadanía para ejercer control social efectivo y debilita la legitimidad del sistema
regulatorio (Instituto de Derecho y Economía Ambiental, 2021). La falta de datos
verificables sobre decisiones judiciales o administrativas recientes, como supuestas
acciones legales de los frigoríficos, refuerza la necesidad de fortalecer la obligación
de acceso a información ambiental.
- Relevancia de un enfoque de derechos humanos: Incorporar el enfoque de derechos
humanos en la evaluación de la gestión ambiental permite identificar impactos
desproporcionados sobre poblaciones vulnerables y enfatiza la obligación del Estado
de garantizar participación efectiva, prevención de daños y acceso a la justicia. La
experiencia de Tablada demuestra que los derechos ciudadanos a un ambiente sano
y a información oportuna son herramientas indispensables para exigir la aplicación
de normas ambientales y proteger la salud pública.
El caso de los frigoríficos de Tablada ilustra cómo la participación ciudadana y la
transparencia institucional son factores determinantes para la eficacia del cumplimiento
normativo. La ausencia de mecanismos sólidos de control y de acceso a información pública
limita la capacidad de las comunidades para exigir responsabilidades y proteger derechos
fundamentales, pues al final de cuentas, los sujetos directamente afectados se ven en la
necesidad de iniciar las acciones necesarias, en razón a padecer en primera línea, los efectos
de la insalubridad.
Fortalecer estos instrumentos, junto con la institucionalización de la participación
ciudadana y la consolidación de estándares de transparencia, constituye un requisito esencial
para garantizar la gobernanza ambiental efectiva en Paraguay.
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