para comprender cómo el Poder Judicial ejerce su autoridad en la administración de la
justicia.
En este sentido, la comunicación de un Poder Judicial fomenta la confianza pública,
sobre todo cuando se brinda información clara, explicada y accesible, como ocurre en
Internet y, en particular, en las redes sociales. La acción o la omisión de estas estrategias
genera diferentes actitudes públicas, algunas a favor y otras en contra, especialmente porque
el ciudadano valora si lo que se transmite es confuso o inaccesible, o si le representa (Rosales
y Téllez Ortega, 2023; Sung, 2025). Entonces, resulta necesario un ajuste institucional que
implique una comunicación simplificada pero frecuente. En este contexto, prácticamente, se
hace referencia a una accesibilidad universal de la información y lo que ello implique en favor
de los derechos en la materia.
En realidad, cabe la pregunta ¿presentarse en redes sociales y ejercer las atribuciones
judiciales son acciones separadas? Algunos sostienen que son distintas, pero el ciudadano
común no lo percibe de esa manera, pues no entiende que la función judicial requiere de
cierta solemnidad (Rosales y Téllez Ortega, 2023). Todavía, se requiere de imparcialidad e
independencia, ya que, si bien se puede discutir sobre el ejercicio de los derechos humanos,
también es prudente considerar los deberes que van de la mano con el carácter de
“administradores de justicia”; esto para preservar la confianza de la mayoría (demos), y no de
una concentración ocasional (ochlos) (Sartori, 2009, p. 16), en el sistema jurídico (Rueda
Fonseca, 2024). Por ello, aunque la libertad de expresión y el acceso a la información son
fundamentales, debe considerarse como regla sine qua non el no afectar la materia judicial, los
casos a resolver, así como la imagen misma del Poder Judicial (Rosales y Téllez Ortega, 2023).
En general, las redes sociales resultan ser un medio de fácil acceso e ideal para que
los ciudadanos manifiesten sus pensamientos de forma inmediata y que estos se difundan a
una gran audiencia, lo que fortalece el derecho a la libre expresión (Lagunes Navarro, 2023;
Rico Carrillo, 2012; Valiente Martínez, 2022). Con todas las virtudes, se requiere un uso
responsable de las redes, sin atentar contra los derechos de otros (Arellano Torres, 2023;
Rico Carrillo, 2012), para evitar la impunidad, ya que confiar en ellas y en su uso libre, sin
medidas ni control, resulta arriesgado (Levy Mustri, 2017; Valiente Martínez, 2022); sobre
todo, mientras concurra el desafío de encontrar un equilibrio entre el uso de las plataformas
digitales, la protección de los derechos y la libertad que ofrece Internet (Valiente Martínez,
2022).
La inquietud radica en el fortalecimiento del orden jurídico (González y Carrancá,
2011) y en la necesidad de que las normas no se basen en conveniencias personales o de
poder (Bobbio, 1965), sino en principios sólidos (s. ej. racionalidad y coherencia) que
garanticen los derechos. Aquí, el orden jurídico debe ser claro y aplicarse de manera que no
se reduzca a la voluntad de los actores públicos. La tesis aislada I.4o.A.6 CS (10a.) (Tribunales
Colegiados de Circuito, 2020) señala que los funcionarios públicos, al utilizar redes sociales,
están obligados a recibir las críticas de los ciudadanos, siempre que no se trate de
comportamientos abusivos o ilegales, es decir, aquellos que vulneren derechos a terceros o
que constituyan un delito. Así, uno de los retos del orden jurídico es garantizar, por ejemplo,
la libertad de expresión, pero también establecer términos normativos claros para evitar
abusos y proteger la valía humana.
Por su parte, el acceso a la información, impulsado por la evolución de la tecnología
en comunicación e información, consiste en la facultad de solicitar información a través de
cualquier medio, asegurando que dicha oferta sea oportuna, veraz y objetiva, con el Estado
como garante indiscutible (Brambila Ramírez, 2013; Castilla Juárez, 2015; González Pérez,
2021), actuando como una entidad que carece de intereses propios y que responde a intereses
ciudadanos (Rosales y Téllez Ortega, 2023), para prevenir abusos y vigilar la función pública
de todas las ramas del poder.